El intendente Rogers a juicio por trata de personas

Derechos Humanos Por
La semana próxima, comenzará el juicio oral y público contra el intendente de Lonquimay Luis Rogers, el ex subcomisario Carlos Alaniz, Eduardo Mauricio Fernández, Carlos Eduardo Fernández y Brian Martín Saxs, dueño y encargados del cabaret "Good Night".
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       Este lunes darán inicio al juicio oral y público contra el intendente de la localidad pampeana de Lonquimay, Luis Rogers, y el ex subcomisario de esa jurisdicción, Carlos Alaníz, ambos acusados de brindar un blindaje al funcionamiento del prostíbulo “Good Night”, dedicado a la explotación sexual de mujeres.

       Además, los otros imputados que deberán sentarse en el banquillo de los acusados son: Eduardo Mauricio Fernández, acusado de ser el dueño del local nocturno; Carlos Eduardo Fernández y Brian Martín Saxs, quienes se habrían desempeñado como encargados.

     El fiscal federal Jorge Bonvehí entrevistado por Las 40! se refirió al debate y señaló que se investigará si los funcionarios fueron partícipes necesarios   en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

      Sobre la demora en realizarse el juicio, el fiscal aseguró que los cambios en la titularidad del juzgado federal retrasaron el proceso además de las apelaciones presentadas por la defensa del aún actual intendente y del funcionario policial.

      Bonvehí, admitió que tienen dificultades para contactar a las víctimas que impulsaron la investigación y que no se las pudo asistir durante este tiempo;  además las mujeres que pasaron por esa situación en Lonquimay nunca fueron convocadas a prestar declaración.

     Las penas que podrían afrontar -al ser más de tres personas las víctimas- tienen un mínimo de cuatro años de prisión. Las polémicas declaraciones de Rogers defendiendo la existencia de los cabarets y argumentando que se trata de lugares de "contención espiritual" serán utilizadas durante el proceso oral y público.

El caso

      Según recuerda el sitio del ministerio Público Fiscal, la causa se inició el 4 de julio de 2009 cuando el entonces jefe de la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Carlos Fernández, por presuntas irregularidades en su local “Good Night”. La averiguación llevada adelante también vinculó al subcomisario Carlos Alaníz y al intendente Luis Rogers con la actividad ilegal de Fernández.

       El 12 de septiembre de 2009, un hombre nacido en la provincia de Santiago del Estero denunció ante las fuerzas policiales que su novia era retenida por el dueño del cabaret “Good Night”. Dijo que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral y que ahora no se le permitía irse del lugar por mantener una deuda con el dueño, quien le había facilitado dinero para adquirir medicamentos.

       La mujer logró salir del lugar y dijo en una presentación espontánea ante la Policía de Santiago del Estero que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. En declaraciones ante la Fiscalía Federal de Jujuy, refirió que aún estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos y que el dueño del lugar le dijo que "no le importaba, que ella tenía que hacer plata".

    El 24 de octubre de 2009, se realizó otra denuncia. En esa ocasión, una mujer que había trabajado desde el año 2007 en la comisaría de Lonquimay, contó ante la justicia provincial las distintas situaciones delictivas que había observado por parte del subcomisario Alaniz. La testigo agregó que el acusado mantenía una relación muy fluida con el entonces intendente Luis Rogers y con Carlos Fernández, dueño del cabaret.

      Como consecuencia de las denuncias, el 28 de octubre de 2009 se realizó un allanamiento en el "Good Night" en el que se pudo constatar la presencia de tres mujeres salteñas que dijeron trabajar en el lugar, y un cuaderno donde estaban anotadas las “copas” y los “pases” que realizaban.

      A partir de la declaración de otras víctimas, se determinó que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para luego explotarlas sexualmente en el prostíbulo obligándolas a entregar el 50% del dinero.

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