"No fue un error, fue una política"

Derechos Humanos Por
El Gobierno Nacional arremetió -una vez más- contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sirviéndose de un decreto del menemismo, dio de baja miles de pensiones no contributivas destinadas -principalmente- a personas con discapacidad. Organismos y especialistas en el tema señalan que se trata de un retroceso y que el decreto es inconstitucional por contradecir las normativas internacionales a las que adhiere nuestro país.
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Dalile Antúnez es co-directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y en diálogo con Las 40! señaló que el decreto invocado por el ejecutivo nacional es inconstitucional y violatorio de la convención de los derechos de las personas con discapacidad.  La especialista marcó como una irregularidad el hecho de que se hayan dado de baja las  pensiones sin aviso previo y sin iniciarse un procedimiento administrativo en el que el beneficiario tenga la oportunidad de defenderse. 

"Está claro que los criterios que se utilizaron para cortar las pensiones son inconstitucionales, que violan los derechos humanos y las convenciones de los derechos de las personas con discapacidad.  Se aplicaron criterios que prácticamente exigían que la persona fuera indigente y nosotros creemos que ese no es un estándar adecuado para regular el tema de las pensiones", destacó Antúnez.

La Argentina le otorgó en el año 2014 jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que los fundamentos esgrimidos en el decreto 432/97 es contradictorio (ver abajo artículo 28 de dicha convención) a los derechos adquiridos recientemente.

Sobre el anuncio realizado por funcionarios nacionales tras las manifestaciones de reestablecer las pensiones suspendidas, Antúnez asegura que existen dudas sobre la manera en que se lo hará o cuáles serán los criterios para devolverlas ya que de eso depende el número de personas alcanzadas por la medida.

La Asociación ya realizó un pedido de informe para conocer el número exacto de personas damnificadas con la aplicación del decreto de los noventa. La entrevistada hizo hincapié en los montos que implican las pensiones y aclaró que se trata de unos "miserables 4500 pesos"  insuficientes para tener una buena calidad de vida o pagar terapias.  "La discapacidad es muy cara" sostuvo, y quienes la presentan sufren "inmensas desventajas sociales".   

"Claramente esto no fue un error, fue una política" señaló Atúnez  y denunció que la falta de políticas de estado dan origen a la mayoría de los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad.

¿Qué dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad?

En el artículo 28 esta convención hace referencia al nivel de vida adecuado para las personas con discapacidad y a su cobertura social. Lejos de plantear la dependencia de su entorno y la prohibición de tener bienes para acceder a una pensión y cobertura social, dicha reglamentación estipula:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus
condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.


2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad
a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover
el ejercicio de ese derecho, entre ellas:


a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con
discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y
asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las
necesidades relacionadas con su discapacidad;


b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular
las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de
protección social y estrategias de reducción de la pobreza;


c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus
familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para
sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación,
asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales
adecuados;


d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de
vivienda pública;


e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con
discapacidad a programas y beneficios de jubilación.

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